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En auto publicado recientemente, la Sección Cuarta del Consejo de Estado señaló que para contabilizar el término a partir del cual ocurre el fenómeno de la caducidad de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho en materia tributaria debe seguirse la regla del cómputo de meses.

 

Esto quiere decir que los días de vacancia judicial o los que por cualquier otra causa obliguen al cierre de los despachos no se excluyen.

 

El alto tribunal recordó que el término de caducidad se cuenta a partir del día siguiente a la comunicación, notificación, ejecución o publicación del acto administrativo tributario. Si el plazo expira cuando el despacho está cerrado (suspensión del servicio de administración de justicia), el término se prorroga hasta el primer día hábil siguiente, advirtió.

 

Lo anterior, de acuerdo con el artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 del 2011), que fija un término de cuatro meses para presentar la demanda en estos casos.

 

Además, el artículo 62 del Código de Régimen Político y Municipal señala que en los plazos de días previstos en leyes y actos oficiales, se entienden suprimidos los feriados y de vacantes, a menos que se exprese lo contrario. “Los de meses y años se computan según el calendario; pero si el último día fuere feriado o de vacante, se extenderá el plazo hasta el primer día hábil”, agrega.

 

Sobre la suspensión del término de caducidad, el alto tribunal recordó que en el Auto 200900078 del 2010 ya había señalado que para contabilizar el término a partir del cual ocurre la caducidad, debe seguirse la regla del cómputo de meses, sin que se excluyan los días de vacancia judicial.

 

(Consejo de Estado, Sección Cuarta, Auto 54001233300020130001301 (20011), ago. 14/13, C. P. Carmen Teresa Ortiz)

 

Enlace a la fuente: ambitojuridico.com

Las entidades públicas tienen la obligación de agotar todos los medios que están a su alcance para efectuar la notificación personal de sus decisiones, antes de proceder a la notificación por edicto, advirtió el Consejo de Estado.

 

Según explicó, al destinatario o interesado se le debe llamar por cualquier medio eficaz o, en su defecto, enviarle una comunicación de citación para la práctica de la diligencia, dejando en el expediente la prueba de las actuaciones adelantadas para lograr su comparecencia personal.

“El proyecto de ley reglamentario del incidente de impacto fiscal es un paso importante hacia el progreso social con estabilidad fiscal”. Así lo afirmó el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, luego de que la iniciativa fuera aprobada por las plenarias del Senado de la República y la Cámara de Representantes.

 

“Con esta ley mantenemos la invulnerabilidad de los derechos fundamentales, pero ahora dichos derechos se armonizarán con las capacidades y realidades fiscales del Estado colombiano”, explicó el funcionario.

 

Cárdenas aseguró que la futura norma garantiza que el avance hacia una mejor provisión de bienes públicos y una mayor inversión social se haga en conjunto con el mantenimiento de cuentas públicas claras y sanas.

 

La iniciativa señala que solo la Procuraduría General de la Nación o los ministerios podrán solicitar la apertura de este incidente, que procedería respecto de todas las sentencias o autos proferidos por las altas corporaciones judiciales, incluidas las decisiones de tutela.

 

La solicitud deberá presentarse ante el magistrado ponente de la sentencia o auto y este concederá la apertura del incidente dentro de los cinco días hábiles siguientes.

 

Justamente, en mayo pasado, el Consejo de Estado admitió el primer incidente de impacto fiscal, contra la sentencia que condenó a Bogotá a pagar más de 227.000 millones de pesos por los daños ocasionados con el derrumbe de basuras del relleno sanitario Doña Juana.

 

En la decisión, la corporación advirtió que los aspectos procesales definidos por el artículo 334 de la Constitución son suficientes para darle trámite al incidente y no se requiere que el legislador reglamente esa figura.

 

 

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