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Publicado en Editorial

Diferencia relevante entre el Código General del Proceso y el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo

Viernes, 25 Abril 2014 00:00 Escrito por 

La importancia de la persona frente al estado,  implica que este último debe garantizar los mecanismos idóneos y necesarios para reclamar sus derechos cuando estos están siendo soslayados por cualquier persona, llámese particular o entidad pública. Por supuesto reclamar un derecho implica, reclamar justicia ante los jueces de la república, quienes son los llamados a impartirla,  previamente a la culminación, de una serie de etapas llamadas procedimiento.

Las críticas que desde antaño se han tejido frente al tema la justicia en Colombia apuntan en su gran mayoría a indicar, que se trata de una justicia lenta y poco garantista para los administrados, en la medida que dicha lentitud genera incertidumbre e inseguridad jurídica  para todas las personas que hacen uso de la administración de justicia. Así mismo se ha considerado, que una de las grandes causas de esa lentitud, tanto en la Jurisdicción Ordinaria como la Jurisdicción Contencioso Administrativa, es la existencia procedimientos con etapas bastante flexibles, propio de los procedimientos escritos.

Como solución a esta problemática, recientemente se expidió la Ley 1564 del 2012 Código General del Proceso y la 1437 del 2012 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo; códigos que se caracterizan principalmente por ser procedimientos donde su esencia es la oralidad, desarrollado mediante audiencias concentradas  y rápidas, es decir, procedimientos muy diferentes a los anteriores que se caracterizaban por ser escritos y  lentos.

A pesar de las grandes similitudes que se identifican a simple vista  en estos dos códigos (Ley 1564 del 2012 y Ley 1437 del 2012),  como lo es la oralidad y la implementación de la tecnología de la información y las comunicaciones, el número de audiencias no son las mismas, pues mientras en la jurisdicción ordinaria son solo dos (2), en lo contencioso son tres (3), de igual manera los términos que tiene la parte demandada para contestar la demanda, para el traslado al demandado de la contestación y los que el juez tiene para dictar sentencia en uno y otro proceso, varían en número, al igual  que las notificaciones tienen un tratamiento especial en cada uno de ellos y la perdida de competencia por parte del Juez.

Sin restarle importancia a las demás diferencias, sin duda la novedad del Código General del Proceso establecida en el artículo 121 en relación a la pérdida de competencia  por parte del Juez cuando no se profiere sentencia antes de un (1) año, contado a partir del auto admisorio de la demanda o mandamiento ejecutivo a la parte demandada o ejecutada según el caso, es la diferencia más relevante que podemos encontrar entre los dos códigos, pues a pesar de que ambos propenden por un proceso rápido y concentrado, el código general de proceso al establecer un término de duración para fallar sujeto, la perentoriedad de la competencia del Juez, implica que este proceso sea más rápido, pues recordemos que de no poder fallar en este término, el juez además de perder la competencia, deberá informarlo a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, situación que denota una posible responsabilidad a la cual los jueces no pueden arriesgarse, en la medida que podrían ser sancionados por una presunta omisión en el ejercicio de sus deberes, por lo que muy seguramente ninguno de ellos dejará vencer este término de un (1) año para dictar sentencia en los procesos bajo su conocimiento.

Ahora bien, tengamos en cuenta que la oralidad va muy de la mano con el principio de la inmediación, en el sentido que al desarrollarse mediante audiencias la presencia del juez  es indispensable, pues de esta forma se busca que tenga contacto directo con las partes y con la práctica de pruebas, facilitándole un mayor conocimiento del problema jurídico puesto a su conocimiento, lo que podría desdibujarse si el juez pierde la competencia al no fallar dentro del año establecido en el código, como quiera que esto implica,  que otro juez debe asumir la competencia de ese asunto en el estado en que esté, donde lo más seguro es que ya se encuentre avanzado, quien conocerá del asunto, solo a través de los medios utilizados para guardar la información de las diligencias, en las cuales no tuvo la oportunidad de tener contacto directo  con las partes y  con las pruebas practicada allí.

Esto no sucede con el Código de procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, puesto que allí el juez de conocimiento no pierde la competencia por el trascurrir del tiempo, garantizándose en gran medida la efectividad del principio de inmediación, máxime cuando este trae una audiencia más que el Código General del Proceso, dando mayor margen de etapas al Juez, para tener un conocimiento pleno de lo que le corresponde resolver.

Sin duda, la exigencia para los jueces en los nuevos procedimientos es mayor viéndose mayormente reflejada en el código General del Proceso, pues a pesar que el  término que tiene para fallar es muy corto, se encuentra bajo el apremio de posiblemente ser sancionado por no proferir decisión en ese término y por si fuera poco, se le impone la carga de poner en conocimiento esa circunstancia ante la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, es decir, tiene el deber de denunciar por así decirlo, el haber omitido proferir sentencia  en los términos legales.

De esta diferencia marcada que se denota en estos códigos, se creería  que el legislador lo que quiso fue buscar una solución muy idealista en relación con la duración del proceso, es decir buscando asegurar que el  proceso verdaderamente durara máximo ese tiempo establecido en la norma, solución que considero no es mala, sin embargo podría esta ser una utopía, pues es muy posible,  que la demora en los procesos judiciales no sea por causa del modelo de procedimiento (verbal o escrito), sino probablemente  en la falta de más jueces ante la gran cantidad de demandas, por lo que solo el tiempo y la práctica  será  la que nos diga si la decisión  de adoptar unos procedimientos orales fue la solución  ante la lentitud palpable de la justicia en Colombia.

Modificado por última vez en Martes, 12 Agosto 2014 16:21
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