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Con la Constitución Política de 1991, Colombia pasó de ser un estado de derecho a convertirse en un Estado Social de Derecho; donde se propende no solo por el reconocimiento sino por la efectiva realización de los derechos y garantías de las personas, producto de un pensamiento antropocéntrico, donde el ser humano es lo más importante en el cual el estado está al servicio de él y no al contrario, como lo era con la anterior constitución.

El fin de la cotización en salud por parte de los empleadores

La Constitución Política Colombiana, ha señalado los fines esenciales que el Estado debe cumplir, con el objetivo de poder preservar el interés general de todos sus administrados, propendiendo por la satisfacción de sus necesidades dentro de un estado antropocéntrico como lo es el nuestro. Para su consecución, el Estado cuenta con una serie de herramientas, dentro de las cuales podemos encontrar EL CONTRATO ESTATAL, ya que este, dentro del Estado Social de Derecho se ha erigido como un importante instrumento con el que cuenta la administración pública y que le es útil al Estado para hacer efectivos sus fines y prestar con eficiencia los servicios a su cargo, con intervención de los particulares, quienes son los que van a ejecutar, a nombre de la entidad pública-administración- la labor contratada; es así como lo ha señalado la Corte Constitucional[1].

 

Las entidades públicas tienen la obligación de agotar todos los medios que están a su alcance para efectuar la notificación personal de sus decisiones, antes de proceder a la notificación por edicto, advirtió el Consejo de Estado.

 

Según explicó, al destinatario o interesado se le debe llamar por cualquier medio eficaz o, en su defecto, enviarle una comunicación de citación para la práctica de la diligencia, dejando en el expediente la prueba de las actuaciones adelantadas para lograr su comparecencia personal.

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